Cada año electoral genera la misma pregunta en el sector empresarial: ¿Vale la pena prepararse para venderle al Estado o la Ley de Garantías lo frena todo?

Para 2026 la respuesta es clara: el panorama es favorable. Las entidades seguirán contratando y las empresas que estén preparadas tendrán oportunidades reales de competir. Este no es un mensaje optimista sin fundamento; es una lectura estratégica del marco normativo y del funcionamiento actual del sistema de compras públicas en Colombia.

2026: Un escenario competitivo y activo

El Estado colombiano es uno de los principales compradores del país. A través de plataformas como SECOP II, las entidades publican permanentemente procesos en sectores como:

• Tecnología y transformación digital.
• Infraestructura y mantenimiento.
• Consultoría y servicios profesionales.
• Suministros y operación logística.
• Servicios especializados.

Además, el modelo actual de contratación es cada vez más técnico y estandarizado: hay mayor uso de pliegos tipo, mayor trazabilidad digital y reglas claras de evaluación. Esto favorece directamente a las empresas organizadas y competitivas. En 2026 las entidades no dejarán de cumplir sus planes de desarrollo, presupuestos ni metas institucionales; esto implica que los procesos de selección continuarán abiertos y activos.

Ley de Garantías: Entenderla para no autoexcluirse

Uno de los errores más comunes es asumir que la Ley de Garantías paraliza toda la contratación pública. No es así.

La Ley 996 de 2005 establece restricciones principalmente frente a la contratación directa en periodos previos a elecciones, con el objetivo de proteger la transparencia y evitar el uso indebido de recursos públicos con fines políticos.

Sin embargo, los procesos competitivos no están prohibidos. Esto es aclarado expresamente por Colombia Compra Eficiente mediante la Circular 006 de 2025 (ABC de la Ley de Garantías), donde se explica que durante la vigencia de la Ley:

• Las entidades pueden adelantar licitaciones públicas.
• Pueden abrir concursos de méritos.
• Pueden realizar selección abreviada y mínima cuantía.
• En general, pueden desarrollar procesos con pluralidad de oferentes y reglas objetivas de evaluación.

La restricción se concentra en la contratación directa, no en los procesos competitivos. Esto cambia completamente la perspectiva: la contratación estatal no se detiene; simplemente opera bajo controles reforzados.

¿Qué significa esto para los oferentes en 2026?

Si las entidades siguen contratando y los procesos competitivos continúan, el mensaje para las empresas es claro: no es momento de retirarse del mercado público, sino de prepararse mejor.

Quienes se autoexcluyen por miedo o desinformación dejan el escenario libre para competidores que sí conocen el alcance real de la norma. Participar en procesos durante 2026 permite:

1. Mantener flujo de oportunidades incluso en contexto electoral.
2. Construir experiencia contractual con el Estado.
3. Diversificar ingresos frente a la volatilidad del mercado privado.
4. Posicionarse estratégicamente para contratos posteriores.

El Estado seguirá necesitando bienes y servicios. La pregunta no es si habrá contratación, sino quién estará listo para competir.

Estar atentos al mercado y preparados técnicamente

En un año como 2026, la diferencia no la marcará la suerte, sino la preparación. Las empresas interesadas en venderle al Estado deben:

• Verificar que cumplen requisitos habilitantes jurídicos y financieros.
• Mantener actualizada su documentación y experiencia certificada.
• Hacer seguimiento constante a los procesos publicados en SECOP.
• Leer con rigor los pliegos de condiciones y entender los criterios de evaluación.
• Elegir estratégicamente en qué procesos participar, en lugar de presentarse a todo.

La contratación pública es un mercado técnico; quien lo aborda con método tiene posibilidades reales.