La Procuraduría General de la Nacíon, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las establecidas en el numeral 1 del articulo 277 de la Constitución Política y los numerales 7 y 37 del artículo 7 el Decreto Ley 262 de 2000, expide la presente Directiva, con el fi de promover el cumplimiento de los principios y las disposiciones que rigen la contratación estatal, protege el ordenamiento jurídico y evitar la ocurrencia de hechos de corrupción o de mala gestión.
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